1- Contexto histórico
El plan para el día del ataque que permitiría la llegada al poder del régimen cívico- venía desarrollándose desde hacía tiempo. La fecha fue fijada para el martes 11 de septiembre, día en que el presidente de la Republica, anunciaría según, fuentes cercanas a Allende, la convocatoria a un plebiscito que permitiera una salida política al problema político y social en el cual se encontraba el gobierno y en general el país. El discurso nunca llegó a pronunciarse, la mañana del 11 de septiembre de 1973 cambió dramática y violentamente el curso de los acontecimientos políticos que venían ocurriendo en el país, los cuatro comandantes en jefes de las fuerzas armadas más el general director de carabineros decidieron poner fin al gobierno del presidente Salvador Allende.
El palacio de la Moneda fue bombardeado alrededor de las 11 de la mañana. El golpe fue certero, se buscaba destruir la viga central de la institucionalidad del país, los acompañantes de Allende en su mayoría fueron tomados prisioneros, otros fueron ejecutados, otros desaparecieron. El presidente tomó la drástica decisión de acabar con su vida en su despacho presidencial, desde ese martes 11, la institucionalidad del país cambiaría bruscamente, comenzaría el Gobierno Militar de Estado por 17 años.
2- Estado de Derecho y su vulneración
Cuando hablamos de Estado de derecho, nos referimos a aquellos elementos imprescindibles que permiten el funcionamiento de una nación conforme las leyes y la protección de la democracia para las personas. Lo anterior viene dado por ciertos elementos que no deben faltar en ningún Estado:
a. División de poderes. Hoy nos encontramos más con una coordinación de funciones que con una división de poderes. Aunque igualmente dichos poderes funcionan de manera coordenada: el presidente de la República es más que un colegislador especialmente en materia de gasto público (materia de iniciativa exclusiva del presidente de la República), además éste determina la agenda legislativa a través de las urgencias. También está la facultad de dictar Decretos con Fuerza de Ley, etc.; también el presidente de la República nombra a los jueces, vela por la conducta ministerial (fiscaliza), puede otorgar indultos, y además propone el presupuesto. Lo anterior hace que nuestro sistema actual funcione como un “presidencialismo reforzado”.
b. Principio de las Garantías Constitucionales. Aquí se visualiza y fortalece el logro de todos los ciudadanos, ya que existen derechos que están consagrados en la Constitución, y que por lo tanto no pueden ser pasados a llevar: Tribunal Constitucional (a priori), Corte Suprema vía recurso de Inaplicabilidad por inconstitucionalidad de la ley (a posteriori), por ejemplo, son organismos a los cuales se puede acudir en caso de vivir alguna situación que afecte dichos derechos garantizados frente a cualquier arbitrariedad del Estado.
c. Principio de legalidad. Esto se refiere al límite del actuar de los órganos del Estado, especialmente el poder administrativo. La ley es la norma que condiciona el actuar de los órganos del Estado: por ejemplo, la Constitución política, los reglamentos y las leyes limitan el poder legislativo y judicial, así como las atribuciones de todos los poderes del Estado.
d. Principio del Estado Social. Significa que todo el aparato público, especialmente el poder administrador, debe realizar toda su función en vista de los intereses públicos, debido a lo que la Constitución Política en su Art. 1º denomina bien común. El bien común es el motor de toda la actividad del Estado.
e. Estado democrático. Es aquel principio que fundamenta el sistema democrático: se participa a través de elecciones periódicas de presidente de la República, parlamentarios, alcalde-concejales y consejeros regionales, lo que permite una expresión de soberanía.
Todos los elementos mencionados anteriormente no fueron respetados durante esta época en nuestro país. La Junta de gobierno autorizó varios decretos que terminaron con muchas instituciones que pertenecen al Estado y que garantizan su democracia. Veamos algunos ejemplos:
– Decreto ley nº 130: declara la caducidad de los registros electorales de Chile: mediante este decreto se eliminaron todos los registros electorales de nuestro país, lo que impedía la nueva inscripción o cualquier acto que involucrara a esta institución.
– Decreto-ley nº 77: declara ilícitos y disueltos los partidos políticos que señala: responsabiliza a la “doctrina marxista” como destructora de la moral, de la institucionalidad y de la economía, con lo cual se consideran ilícitos los partidos Comunista o Comunista de Chile, Socialista, Unión Socialista Popular, MAPU, Radical, Izquierda Cristiana, Acción Popular Independiente, Partido de la Unidad Popular y todas aquellas entidades, agrupaciones, facciones o movimientos que sustenten la doctrina marxista; se prohíbe además la propaganda y la promoción, castigándose como delito.
– Clausura del Congreso Nacional: declarándose vacantes dichos cargos, justificándose con que la política no ha resuelto los reales problemas del país.
Considerando esos elementos, el control del país por parte de la Junta fue total, eliminado cualquier tipo de oposición o reorganización de esta para llevar a cabo elecciones, sean presidenciales o parlamentarias.
3- Violaciones a los Derechos Humanos
Las violaciones a los Derechos Humanos constituyen parte de la historia negra de este periodo histórico. La Doctrina de Seguridad Nacional, que fue implementada también en nuestro país, sirvió de base para justificar muchos de los actos más inhumanos que se hayan visto alguna vez, perpetuados por el Estado de Chile, representada en esta Junta militar. El 11 de septiembre, debía completarse esta doctrina, persiguiendo, detectando y eliminando a todos los agentes del marxismo. Había que eliminar a estos enemigos internos, porque constituían una amenaza al nuevo gobierno.
Para completar este objetivo se implementaron los toques de queda, el Estado de sitio y la creación de la Dirección nacional de Comunicación Social (DINACOS), la que hizo un llamado de parte del gobierno a los dirigentes del partido de la Unidad Popular para ser detenidos y procesados. Muchos de ellos acudieron a este llamado de forma voluntaria, pensando que no debían tener frente a un juicio justo, sin embargo, la gran mayoría de ellos fueron detenidos en forma indefinida. Esto daría comienzo a una táctica secreta de represión.
Para la Junta militar, el hecho de que muchos dirigentes se presentaran de manera voluntaria no valía para un gran proceso de extirpación de la amenaza marxista, y, por lo tanto, pensaron que las personas realmente responsables no se iban a presentar; por lo tanto, debía realizarse su captura estuviesen vivos o muertos. Esta lógica llevó a la creación de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) dirigida por el coronel Juan Manuel Contreras Sepúlveda.
La DINA fue una organización de facto que estuvo en operaciones desde noviembre de 1973 hasta que fue legalizada a mediados del año 1974. En este intervalo coordinaba los esfuerzos de todas las ramas de las FF.AA. Sus objetivos fueron muy específicos: al estar desarticulado el partido socialista, el siguiente blanco fue el MIR. Se inicio desde entonces, y hasta 1975, una de las persecuciones más enconadas que se tenga memoria en Chile, la que se coronó con la muerte del líder del MIR, Miguel Enríquez, en octubre de 1974. Un año más tarde, a fines de 1975, el régimen declaró públicamente que la guerra contra el MIR había terminado, mientras las autoridades se concentraban ahora en la persecución de los militantes y dirigentes del Partido Comunista, la que continuaría hasta 1977.
Lo anterior nos permite afirmar que entre los años 1973 y 1977 el Estado utilizó todos los medios que estuvieron a su alcance para perseguir, torturar y eliminar a todos los opositores del régimen, violando de forma sistemática los Derechos humanos en nuestro país. Entre el 12 y 13 de septiembre se habilitó el Estadio Nacional para que sirviera como principal centro de detención del país, llegando a tener unos siete mil detenidos el 22 de septiembre. En total, casi sesenta mil personas pasaron por allí, realizando prácticas como interrogaciones diarias, simulaciones de fusilamientos y fusilamientos masivos.
Según el Informe Valech, entre 1973 y 1976 se habilitaron 1.100 recintos de detención, a cargo del Servicio Nacional de Detenidos (SENDET), en los cuales se mantenía encerrados a los presos por la aplicación de la ley de estado de sitio. Muchos de estos detenidos lo fueron sin ser acusados formalmente, ni habérseles aplicado ningún trámite de proceso judicial: a los detenidos se les negó el recurso de amparo, la individualización del cargo o acusación, el derecho de defensa, la admisibilidad de pruebas, o la aplicación de recursos judiciales (tales como excepción o apelación); es decir, los principios mínimos del debido proceso. En muchos de estos centros se practicaba la tortura como método preferido de interrogatorio. Sin embargo, la tortura no se utilizó solo con fines de interrogatorio, ya que también se le practicó como técnica de amedrentamiento, humillación, sometimiento y terror de los detenidos.
La mayoría de estos centros eran clandestinos, por lo que, salvo el caso del Estadio Nacional, la mayor parte de la población desconoció su existencia. De norte a sur, los más importantes de estos campos fueron los de Pisagua (al norte de Iquique), Chacabuco (en el desierto de Atacama), Ritoque, Puchuncaví y Tejas Verdes (entre Santiago y Valparaíso), Tres Álamos y Cuatro Álamos (en Santiago), Colonia Dignidad (al sur de Talca), Isla Quiriquina (al oeste de Concepción) e Isla Dawson, al sur este de Punta Arenas. En estos lugares, además de la violencia física, los prisioneros vivían con constantes torturas sicológicas (como interrupciones de ciclos de sueño), trabajos forzados, hacinamiento, sin normas de higiene, mal alimentados, incomunicación, entre otros.
La Operación Cóndor también constituye un episodio de estas violaciones a los Derechos humanos que se realizaron. Fue un esfuerzo colaborativo, organizada por la DINA y con el acuerdo de los aparatos de inteligencia de Paraguay, Brasil, Uruguay y Argentina. El objetivo fue reunir información de inteligencia sobre opositores al régimen en toda América Latina, con el argumento de vigilarlos, arrestarlos, torturarlos, repatriarlos e incluso asesinarlos. Esto llevó a varias acciones realizadas en esos años: eliminación de las actividades de guerrilleros, activistas u opositores que se encontraran en algunos de los países involucrados; centralizar la información regional de inteligencia; coordinar un plan de vigilancia de fronteras, para control del movimiento de personas entre los países del área; “formar equipos de ejecución de ‘blancos’ para operar fuera del área” (Documento Plan Cóndor, Memoria Debida, 2000).
